En líneas generales, la asociación de colegios profesionales de la Comunidad de Madrid considera que el anteproyecto sitúa a los ciudadanos en un escenario de indefensión, ya que elimina el papel de los colegios profesionales sobre el control, la seguridad y la calidad de los trabajos realizados. (Más información en este enlace)
Según dijo De Guindos, «se trata de defender a los colegiados y a los usuarios, pero no establecer más restricciones y los colegiados tienen que ser los más beneficiados». Por último, el ministro recordó que este sector representa un 9% del PIB y un 6% del empleo en España. Además, una vez aprobada y puesta en marcha aportará unos beneficios de unos 7.000 millones de euros a la renta nacional.
La UICM publicó en su web todo el escrito de alegaciones, para acceder al mismo, pinchad aquí.
