La decana, la tesorera y la secretaria general del CPFCM han mantenido reuniones recientemente con un grupo de colegiadas que trabajan en el ámbito educativo, de la discapacidad y en centros residenciales de la Agencia Madrileña de Atensión Social (AMAS), preocupadas por su situación laboral.
El problema se genera por el encadenamiento de contratos temporales desde hace mucho tiempo (las anteriores oposiciones se convocaron en 1992), contratos reconocidos en fraude de ley, algo que desde el Colegio ya se reivindicó ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a principios de 2019.
La Comunidad de Madrid convocó una oposición-concurso el pasado mes de noviembre (aún está por determinar el día del examen), para regularizar dichos puestos. Posteriormente a dicha convocatoria, se ha publicado normativa estatal al respecto sobre procesos de estabilización temporal (Real Decreto Ley 14/2021).
Escuchadas las colegiadas y examinada la situación, el CPFCM ha contactado con agentes sociales y con el área de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid.
El Colegio también ha encargado un informe jurídico a un bufete de abogados externo con experiencia en asuntos similares, recibido a principio de agosto, y que está en fase de análisis para estudiar posibles acciones a emprender por parte del CPFCM. El objetivo es intentar encontrar junto con la Administración madrileña una solución que satisfaga a las partes y, sobre todo, que sea justa, sin perjudicar a otro sector de profesionales también amparado por el Colegio.
Aclaraciones sobre la noticia de El País
En relación con este asunto, el diario El País ha publicado una noticia (pincha aquí para verla).
El periodista que ha elaborado la información envió un extenso cuestionario al Colegio, que respondió la decana, Aurora Araújo. Dada la limitación de espacio, el redactor no ha podido reproducir todo el contenido, por lo que adjuntamos las principales respuestas, para aclarar dudas a las personas colegiadas.
La decana empezaba explicando el fondo de la cuestión: “la no convocatoria de OPE en Educación ha hecho que las personas afectadas actualmente no hayan tenido la posibilidad de poder optar a su plaza, como debe ocurrir siempre en una interinidad por vacante, para cumplir con los principios de acceso a empleo público que marca la ley”.
“Además, las personas afectadas que trabajan en residencias vieron cómo se llevó a cabo un proceso de OPE de estabilización que sí afectó a otras categorías profesionales pero no incluyó a la nuestra, partiendo de una situación de agravio comparativo muy importante”.
Respecto al cuestionario de la oposición madrileña, añadía la decana: “debería tener unos temas diseñados que abarquen, como es habitual, legislación y conocimientos generales. Pero, sobre todo, según el caso, que valoren conocimientos en patología pediátrica, geriatría y dependencia, que son los empleos que abarca la oferta”.
El periodista también consultaba sobre un posible agravio comparativo entre diferentes consejerías: “por desgracia, es una tradición, a mi juicio muy poco justa, el que tanto en las diferentes OPE como en las convocatorias de bolsas de empleo público se valore de forma distinta según el lugar en el que se ha trabajado; incluso, aunque se esté realizando la misma función”, respondía la decana.
Preguntada por qué no se han convocado oposiciones en 30 años, la decana contestaba: “la justificación es compleja, y sobre todo no es única. En primer lugar, el procedimiento de aprobación, convocatoria y resolución es excesivamente largo, lo que ha hecho que en España algunas administraciones, y sobre todo en algunas categorías profesionales como la nuestra, no hayan tenido la fluidez en las convocatorias que habría sido de esperar.
Después, las sucesivas crisis económicas han hecho que las distintas consejerías de Hacienda, que son las que tienen que aprobar las propuestas de OPE de Función Pública, las hayan paralizado, alegando motivos de austeridad en los periodos de crisis económica.
Aun así, creo que no existe justificación posible para llegar a una situación como la que aquí se expresa, que se arrastra en algunos casos incluso de antes de estar transferidas las competencias a las comunidades autónomas”, concluía Aurora Araújo.
